Lo que un detective privado nunca debe hacer: límites legales de la investigación privada
Cuando se habla de investigación privada aplicada al ámbito laboral, muchas veces surge una idea equivocada: pensar que cualquier prueba que permita descubrir una conducta irregular será automáticamente válida ante un tribunal.
La realidad jurídica es distinta.
La Sentencia del Tribunal Supremo nº 155/2020, de 19 de febrero de 2020, recuerda una regla esencial que afecta directamente al trabajo de los detectives privados: no basta con obtener una prueba; también importa cómo se obtiene.
El asunto tiene origen en el despido disciplinario de un trabajador que prestaba servicios para una gestoría y que, además, desarrollaba actividad profesional como abogado.
La empresa sospechaba que el trabajador estaba realizando trabajos particulares durante su jornada laboral y decidió contratar a una detective privada para comprobarlo.
Hasta aquí, la actuación empresarial entraría dentro de una situación relativamente habitual: existen sospechas y se recurre a una investigación para verificar si realmente se está produciendo un incumplimiento.
Sin embargo, el problema apareció en la forma de investigar.
La detective contactó telefónicamente con el trabajador simulando ser una potencial clienta interesada en contratar servicios jurídicos. En un primer momento, el trabajador ofreció reunirse fuera de horario laboral, concretamente un viernes por la tarde o un sábado por la mañana.
Pero la detective insistió varias veces hasta conseguir concertar una reunión dentro de la jornada de trabajo.
Finalmente, esa reunión fue utilizada por la empresa para justificar el despido.
Y ahí es donde el Tribunal Supremo marca una línea muy clara.
La sentencia distingue entre investigar una conducta que ya existe y provocar artificialmente esa conducta para después utilizarla como prueba.
Según el Tribunal, el detective no se limitó a comprobar una situación sospechosa, sino que generó activamente el escenario que posteriormente se presentó como incumplimiento laboral.
Por ese motivo, considera que la prueba obtenida no podía producir efectos jurídicos.
La resolución también recuerda otra cuestión relevante desde el punto de vista procesal: el informe escrito del detective, por sí solo, no tiene naturaleza de prueba documental para modificar hechos probados en determinados recursos laborales, y además una prueba obtenida vulnerando principios básicos del proceso no puede servir de fundamento para una decisión judicial.
El mensaje que deja esta sentencia es especialmente interesante porque demuestra que el trabajo del detective privado no consiste únicamente en obtener información, sino en hacerlo dentro de límites que permitan que esa información conserve valor ante un tribunal.
Una investigación eficaz no es la que consigue provocar un resultado.
Es la que consigue acreditar hechos reales sin interferir en ellos.
Precisamente ahí está una de las diferencias entre una investigación jurídicamente sólida y una prueba que termina siendo descartada por el juzgado.
