Detectives privados y despido: una investigación que acabó en despido prcedente

El control empresarial del crédito horario sindical

Uno de los debates más frecuentes en el ámbito laboral es hasta dónde puede llegar una empresa cuando existen sospechas de que un trabajador está utilizando determinados permisos o derechos laborales para fines distintos de aquellos para los que fueron reconocidos. Esta cuestión adquiere una especial relevancia cuando se trata de derechos vinculados a la representación sindical, ya que deben protegerse tanto las garantías de los representantes de los trabajadores como el derecho de la empresa a comprobar posibles incumplimientos laborales.

La Sentencia nº 1755/2024 del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, de 16 de julio de 2024 (ROJ: STSJ PV 2412/2024), aborda precisamente esta cuestión. La resolución analiza el uso de detectives privados para comprobar el destino de las horas sindicales y confirma la procedencia del despido disciplinario acordado por la empresa, al considerar acreditado que el trabajador había utilizado ese tiempo retribuido para desarrollar actividades profesionales ajenas a la representación sindical.

Los hechos: un uso del crédito horario distinto de su finalidad

El caso afecta a un trabajador del sector de la seguridad privada que, además de desempeñar su actividad profesional, ejercía funciones de representación sindical. Por esta condición, disponía de crédito horario sindical, una garantía que permite a los representantes de los trabajadores dedicar parte de su jornada, con carácter retribuido, al ejercicio de las labores propias de representación.

Este derecho resulta esencial para que los representantes puedan desarrollar sus funciones y atender las cuestiones relacionadas con los trabajadores a los que representan. Sin embargo, la empresa comenzó a detectar indicios de que las horas solicitadas por el empleado no se estaban destinando a esa finalidad, sino que podrían estar siendo aprovechadas para realizar trabajos remunerados para otras compañías del mismo sector.

Ante estas sospechas, la empresa decidió encargar una investigación privada con el objetivo de aclarar qué actividad desarrollaba el trabajador durante las ausencias justificadas mediante el crédito horario sindical. La investigación no se planteó como un control general de su vida privada, sino que se centró en comprobar el destino de esas horas concretas y determinar si existía una utilización incompatible con la finalidad para la que habían sido concedidas.

La investigación privada y la obtención de pruebas

La actuación del detective permitió documentar que, durante varios días en los que el trabajador había solicitado horas sindicales, realizó servicios como vigilante para otras empresas del ámbito de la seguridad privada. Parte de estas actuaciones se desarrollaron en eventos y en espacios abiertos y accesibles, lo que permitió observar y recoger información sobre la actividad que estaba llevando a cabo.

El resultado de la investigación aportó elementos objetivos para contrastar las sospechas iniciales de la empresa. La documentación obtenida se incorporó al procedimiento junto con otras pruebas, permitiendo analizar no solo la existencia de las ausencias, sino también qué había hecho el trabajador durante el tiempo que debía destinar a sus funciones de representación.

A partir de las pruebas reunidas, la empresa acordó el despido disciplinario. El trabajador impugnó la decisión y cuestionó la legitimidad de la investigación, alegando que se habían vulnerado sus derechos fundamentales y que la intervención del detective constituía una intromisión ilegítima relacionada con su condición de representante sindical.

¿Qué valoró el Tribunal Superior de Justicia?

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco rechazó los argumentos del trabajador y consideró que, en las circunstancias del caso, la investigación había respetado los límites legales. La sentencia recuerda la importancia del crédito horario sindical como garantía para el ejercicio de la representación, pero también señala que esa protección no impide comprobar posibles incumplimientos cuando existen indicios que justifican una actuación de control.

Uno de los aspectos relevantes de la resolución es la proporcionalidad de la medida. El tribunal tuvo en cuenta que la investigación se dirigió a verificar hechos concretos relacionados con el uso de las horas sindicales y que las actividades documentadas se desarrollaron en espacios públicos o accesibles. Desde esta perspectiva, el informe del detective fue considerado una prueba válida para acreditar los hechos objeto de controversia.

La sentencia concluye que utilizar deliberadamente horas sindicales retribuidas para prestar servicios profesionales a terceras empresas constituye una conducta incompatible con la buena fe contractual y reviste la gravedad suficiente para justificar el despido disciplinario. De este modo, la resolución confirma la decisión empresarial a partir de las circunstancias acreditadas en el procedimiento.

La importancia de una investigación proporcionada y bien documentada

Este caso permite observar cómo una investigación privada puede contribuir a esclarecer situaciones en las que existen dudas razonables sobre el cumplimiento de las obligaciones laborales. La intervención del detective no sustituye la decisión de la empresa ni la valoración que corresponde realizar al tribunal, pero puede aportar información objetiva sobre hechos concretos que, de otro modo, resultarían difíciles de acreditar.

Al mismo tiempo, la sentencia pone de manifiesto que el uso de detectives privados debe responder a una finalidad legítima y desarrollarse dentro de los límites legales. La existencia de una sospecha no justifica cualquier forma de vigilancia: resulta fundamental que la actuación esté relacionada con los hechos que se pretenden comprobar y que se respeten los derechos de la persona investigada.

En definitiva, la Sentencia 1755/2024 del TSJ del País Vasco recuerda que el crédito horario sindical es una garantía esencial para la representación de los trabajadores, pero debe utilizarse conforme a la finalidad para la que está previsto. En este asunto, la investigación permitió documentar una actividad profesional desarrollada durante horas sindicales y aportar pruebas que fueron consideradas válidas por el tribunal.

La resolución también ilustra la importancia de contar con una investigación rigurosa cuando una empresa necesita aclarar un posible incumplimiento. La diferencia entre una sospecha y unos hechos que puedan sostener una decisión disciplinaria puede depender, precisamente, de que la información se obtenga de forma adecuada, se documente con precisión y pueda ser valorada posteriormente en un procedimiento judicial.